Un informe elaborado por las empresas del grupo Marsh & McLennan Companies (Marsh, Oliver Wyman, Mercer y Guy Carpenter) examina las opciones de organización y coordinación de las actividades de gestión de riesgos dentro del gobierno.
La preparación para enfrentar los riesgos que pueden amenazar la seguridad nacional, la prosperidad económica y el bienestar de la sociedad es una función crítica de todos los gobiernos, asegura el informe «Desarrollo de la resiliencia nacional», elaborado por la firma de consultoría en riesgos a nivel mundial, Marsh & McLennan Companies (MMC).
Por el contrario, no encontrarse preparado para los desafíos en el largo plazo, sumado a un manejo deficiente de crisis periódicas, puede plantear dudas respecto a la competencia en materia de liderazgo y resiliencia nacional.
En primer lugar, un gobierno debería evaluar la importancia de los riesgos desde diversas perspectivas. Una de ellas es a través de una escala de tiempo que tenga en cuenta aquellos que pueden afectar en el corto (menor a 0.5 años), mediano (de 0.5 a 5 años) y largo plazo (de 5 a más de 20 años). Sin embargo, también deberían hacer un análisis para evaluar los impactos del riesgo en intereses nacionales de vital importancia siguiendo estos criterios:
• Sufrimiento humano: muerte, lesiones y enfermedades; evacuación de hogares; estrés psicológico.
• Alteración de la sociedad: falla en el suministro de bienes y servicios clave; inestabilidad o alteración del orden público; violación de derechos y libertades.
• Crisis económica: daño a bienes e infraestructura; reducción de la actividad y crecimiento económico; incertidumbre de inversores y prestamistas.
• Daño ambiental: daño a largo plazo; reducción de la productividad agrícola; pérdida de bienes culturales.
• Debilidad política: violación de la seguridad territorial; reducción de la capacidad para gobernar; deterioro de la credibilidad internacional.
Otro de los puntos que destaca el informe como clave para lograr resiliencia a nivel país, es una buena coordinación entre los principales participantes de todos los niveles del gobierno. Como mínimo, una unidad nacional de gestión de riesgos (o su equivalente) debería alinear las funciones e interacciones de los encargados del manejo de riesgos en distintos departamentos del gobierno, organismos especializados y prestadores de respuesta a emergencias.
Alejandro Guerrero, Country Corporate Officer de MMC y CEO de Marsh en Argentina y Uruguay, sostiene: «Esta crisis de COVID-19 está obligando a los países de todo el mundo a lidiar con la provisión de asistencia sanitaria de emergencia, desafiando los comportamientos de los ciudadanos, la interrupción generalizada de la industria y las consecuencias económicas más amplias. Eso ha ampliado todas las dimensiones de los acuerdos nacionales de gestión de riesgos y crisis, incluyendo la evaluación de riesgos, la evaluación de la respuesta política, la toma de decisiones de liderazgo, la comunicación pública, las intervenciones de apoyo financiero y la implementación coordinada de iniciativas».
Para el caso de una crisis sanitaria como la que nos encontramos transitando, conocer a las personas a las que convocar para hablar sobre las posibles trayectorias del virus y la capacidad de las instalaciones sanitarias para hacerle frente puede resultar esencial. La participación de distintas miradas enriquece la visión del riesgo a nivel nacional, así como la asunción del liderazgo a nivel local, sectorial y departamental. Los especialistas y las partes interesadas deberían aportar información para las evaluaciones de riesgos y la elaboración de escenarios, teniendo en cuenta los diferentes impactos en los distintos grupos.
Por otro lado, el reporte también indica que las medidas de respuesta a las crisis bien justificadas, coordinadas y comunicadas son esenciales, tanto para ofrecer soluciones efectivas como para garantizar la confianza de los ciudadanos.
En este sentido, la respuesta de los gobiernos a los riesgos críticos no suele ser sistemática. Muchos procesos frecuentemente evalúan las pérdidas directas derivadas de desastres históricos en vez del impacto económico a más largo plazo, e informan sobre desembolsos relacionados con incidentes específicos o de parte de autoridades específicas más que informar sobre las obligaciones a más largo plazo derivadas de esos eventos.
Por último, el informe identifica cinco claves que beneficiarían los marcos de resiliencia de muchos países: el mejor uso de la previsión y de escenarios de riesgo creativos para hacer frente de manera más rápida a los desafíos y a las crisis emergentes; la elaboración más rigurosa de los presupuestos para riesgos, con una clara idea respecto de cómo se pagarán las soluciones; un monitoreo más transparente de los avances; el desarrollo de nuevas asociaciones; y una mayor asunción de los principales riesgos entre todas las partes interesadas, tanto dentro como fuera del gobierno.
«Desarrollo de la resiliencia nacional» analiza con mayor profundidad las formas para dar un marco al cambiante panorama en materia de riesgos, las opciones para organizar y coordinar las actividades de gestión de riesgos dentro del gobierno, algunos de los instrumentos normativos y soluciones que generarán los resultados deseados, y los requisitos para la mejora continua, así como el valor de contar dentro del gobierno con un «líder de riesgos» general que impulse esta agenda.