El Sistema de Riesgos del Trabajo tal como lo conocemos fue creado en julio de 1996 con sus cuatro pilares básicos: el estado, los empleadores, los trabajadores y las aseguradoras de riesgos.
Con las alternativas políticas mediante y su impacto en el mundo del trabajo y la producción, desde su creación se incrementó la cobertura en un 176% y se produjo una disminución del índice de incidencia de fallecidos de 76,7%.
Nuestro Sistema de Riesgos laborales quedó plasmado en la Ley 24.557, que pone a la prevención de accidentes y enfermedades y su correcta reparación en el centro de las preocupaciones de los actores públicos y privados, confiriéndole al Estado y al resto de los integrantes del sistema (que incorporó a las ARTs creadas por esa misma ley), derechos específicos y diferenciados.
En 24 años de trayectoria sufrió el impacto de las distintas fases contractivas y expansivas de la economía y, consecuentemente, del sistema de seguridad social y el mercado de trabajo, pero pudo mantener una visible progresividad en los objetivos planteados por la Ley que le dio forma: el aumento de la cobertura en diferentes colectivos públicos y privados de la población ocupada y la reducción sostenida de la accidentabilidad, la mortalidad y las enfermedades profesionales.
Al inicio del sistema y sus registros, en 1996, la cantidad de trabajadores cubiertos era de 3.556.814 y a noviembre de 2019 el registro se eleva a 9.824.316, lo que explica el 176% de incremento mencionado. La composición actual revela una amplia mayoría en el sector privado (6.426.054) seguida por el sector público (2.754.023) y los trabajadores de casas particulares (644.239).
En lo que respecta a la disminución de la accidentabilidad se verifica una caída del índice global de incidencia del 29%, del índice de accidentes y enfermedades profesionales del 46,4% y un incremento del que mide los accidentes in itinere con un 136%.
Otros de los números significativos para medir el desempeño del sistema es la estabilidad financiera, tomando en cuenta la evolución de los juicios notificados. Allí se observa un incremento sostenido en los 8 primeros años (crecimiento interanual del 14,7%) hasta totalizar 124.248 juicios en 2017. A partir de la sanción e implementación de la Ley Complementaria de Riesgos del Trabajo (27.348) se disminuyeron notablemente los juicios hasta alcanzar cifras similares al 2012, con 66.077 juicios para 2019. Esto tuvo un impacto consecuente en la alícuota pactada entre empleadores y ARTs, en las provincias que adhirieron a la Ley.
Asimismo la puesta en marcha de la Ley complementaria, implicó la duplicación de la cantidad de Comisiones Médicas Jurisdiccionales pasando de 35 a 78 distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. De esta forma se logró avanzar en un proceso de descentralización y acercar a los trabajadores damnificados un lugar donde realizar sus reclamos por un accidente laboral o enfermedad profesional.
Los desafíos del sistema pasan por seguir disminuyendo los índices de siniestralidad laboral, incorporar a nuevos colectivos aún no cubiertos, mejorar la calidad de las prestaciones dinerarias y en especie para brindar una justa reparación y disminuir la litigiosidad laboral y, por sobre todas las cosas, fortalecer las estrategias de prevención de accidentes y enfermedades, que es el mejor modo de impulsar los objetivos anteriores.