El Superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, y el gerente general de la SRT, Fernando Pérez, mantuvieron un encuentro con el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, con quien analizaron aspectos generales del sistema de riesgos del trabajo.
Las principales autoridades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y el funcionario entrerriano dialogaron sobre el funcionamiento del sistema en la provincia y, en particular, de las implicancias de la implementación de la Ley 27.348 allí, vigente desde 2017.
Esta normativa, promueve la reducción de la litigiosidad y establece a las comisiones médicas como instancia administrativa, previa y obligatoria a la que debe recurrir un trabajador para determinar el carácter laboral del accidente o enfermedad sufrida.
Los funcionarios, además, analizaron las principales variables del sistema en Entre Ríos y evaluaron la conformación de una mesa técnica de trabajo para el intercambio de datos de relevancia.
Morón destacó el “compromiso” de Entre Ríos respecto a implementar políticas que mejoren las condiciones de salud y seguridad de sus establecimientos laborales, y resaltó que “la Ley 27.348 permite, al otorgar un rol central a las comisiones médicas del organismo, mejorar los tiempos de atención y respuesta a las demandas de los ciudadanos”.
Recientemente, la provincia mesopotámica firmó un convenio con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) con el objetivo de implementar acciones tendientes a mejorar las condiciones de salud y seguridad en sus establecimientos productivos.
El convenio, rubricado por el superintendente y por el secretario de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, Mariano Camoirano, sella el compromiso de la provincia para llevar a cabo acciones de fiscalización en sus establecimientos laborales con el propósito de relevar las condiciones de los mismos.
Estas metas están orientadas a hacer cumplir los deberes y obligaciones que emergen de la Ley 24.557 y sus normas complementarias donde, además, se promueve unificar criterios de fiscalización a través de la implementación del Acta Digital Única (ADU) como herramienta para la carga de datos a partir de criterios transparentes de intervención y altos niveles de trazabilidad.