Tres referentes del sector asegurador analizan el estado del mercado, los desafíos regulatorios y las condiciones para que los seguros de vida, retiro y riesgos del trabajo puedan crecer en un nuevo escenario macroeconómico.
Escribe: Lic. Aníbal Cejas
El sector asegurador argentino llega a la mitad de 2026 en un punto de inflexión. La desaceleración inflacionaria, la estabilidad cambiaria y la posibilidad de planificar a largo plazo abren una ventana que el mercado no veía desde hace años. Pero la ventana viene con obstáculos: una litigiosidad que creció un 91% desde 2019 en Riesgos del Trabajo, incentivos fiscales que todavía no acompañan el potencial de los seguros de personas, y una penetración del seguro que sigue siendo baja en comparación con la región.
Para entender dónde está parado el sector y hacia dónde va, Informe Operadores de Mercado consultó a tres voces de peso: Alejandro Canale Becker, Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutuales de Seguros (AACMS); Mara Bettiol, Presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART); e Irene Capuselli, Presidente de la asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA).
En primer término, Alejandro Canale Becker, Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutuales de Seguros (AACMS), se refirió a la situación actual del sector: “El sector asegurador es uno de los motores fundamentales de la economía de un país. Mantiene una sólida capacidad de adaptación y continúa desempeñando un rol fundamental en la protección de personas, empresas y patrimonios. En Argentina, tiene el gran desafío de crecer sobre todo en los ramos de vida y retiro y a nuevos riesgos. Como es natural en la actividad aseguradora, pero en este tiempo resulta imperativo robustecer los resultados técnicos, restando importancia a los resultados financieros. La creciente incorporación de tecnología, la digitalización de procesos y el uso de inteligencia artificial están impulsando mejoras en eficiencia y experiencia del cliente. En este escenario, las compañías que logren combinar solvencia, innovación y cercanía con sus clientes estarán mejor posicionadas para consolidar su crecimiento en los próximos años.”
Luego, Mara Bettiol afirmó: “La situación actual del Sistema de Riesgos del Trabajo está marcada por una profunda paradoja. Por un lado, el sistema funciona con una destacable efectividad histórica en su objetivo primordial, que es proteger la vida de los trabajadores: entre 1997 y 2025 se logró reducir los fallecimientos en un 79% y la siniestralidad general en un 54%. Pero, por el otro, la litigiosidad está colapsando este esfuerzo, registrando un aumento del 91% en los juicios desde 2019. Lo llamativo es que no afrontamos un problema de inseguridad laboral o de siniestralidad descontrolada; de hecho, los índices de accidentabilidad del país son comparables a los de Chile, o de España. El verdadero inconveniente es una hiperjudicialización totalmente evitable: Argentina registra 23 veces la tasa judicial de Chile y 16 veces la de España. Estamos ante un caudal litigioso en el cual más del 88% de las demandas parte de un ‘sin incapacidad’ dictaminado por la Comisión Médica oficial y el 82% corresponde a dolencias leves —como esguinces, lumbalgias o contusiones—. El 86% de los casos de esta litigiosidad fuera de control se encuentra concentrado en cinco provincias: Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y CABA e impacta de forma directa sobre los costos laborales, destruyendo la competitividad y el empleo general.”
Por su parte, Irene Capuselli, Presidente de AVIRA, señaló: “El seguro de Personas atraviesa una etapa de oportunidades importantes, aunque todavía con desafíos estructurales por resolver. Venimos de muchos años de inestabilidad macroeconómica que dificultaron la planificación de largo plazo y afectaron el desarrollo del ahorro previsional y de protección. Sin embargo, en el contexto actual comienzan a aparecer condiciones más favorables para recuperar esa cultura de previsión. La desaceleración inflacionaria, una mayor estabilidad cambiaria, equilibrio fiscal y la posibilidad de volver a comenzar a pensar en horizontes de largo plazo generan un escenario distinto para los seguros de vida y retiro. Al mismo tiempo, existe una creciente conciencia sobre la necesidad de protección financiera, especialmente frente a fenómenos como las pandemias, y catástrofes climáticas u otros menos aleatorios como la longevidad, los cambios en el mercado laboral y las tensiones que enfrenta el sistema previsional. Cada vez más personas entienden que la planificación del retiro y la construcción de ahorro complementario serán fundamentales. La penetración todavía es baja en comparación con otros países de la región, pero precisamente ahí aparece el enorme potencial de crecimiento que tiene el sector y permite que nos hagamos una pregunta importante: cómo fortalecer los instrumentos que permitan transformar ingreso presente en seguridad futura. Los seguros de vida y retiro no sólo brindan protección a las familias, sino que además constituyen una de las principales fuentes de ahorro institucional de largo plazo en las economías desarrolladas. Su crecimiento beneficia tanto a las personas como al desarrollo económico general.”
Cambios regulatorios
Consultamos a los profesionales sobre los cambios regulatorios concretos que esperan en el corto y mediano plazo.
Al respecto, Canale Becker consideró: “Entendemos que el mercado continuará evolucionando en línea con las tendencias observadas en los últimos años, con foco en la modernización de procesos, la supervisión basada en riesgos, la digitalización y la adaptación a los nuevos desafíos del negocio. Más allá de las modificaciones puntuales que puedan surgir, consideramos que el sector deberá seguir fortaleciendo su capacidad de adaptación para responder de manera eficiente a los requerimientos regulatorios y a las necesidades cambiantes de los asegurados.”
Más adelante, sobre el mismo tema, Capuselli detalló: “Uno de los puntos centrales es continuar profundizando mecanismos que faciliten productos más simples, flexibles, transparentes y adaptados a las nuevas demandas de los asegurados, especialmente de los segmentos más jóvenes, que buscan experiencias digitales, mayor claridad y soluciones personalizadas.
En línea con lo anterior, y citando los cambios demográficos que comentaba antes, otro canal para impulsar los seguros de personas se relaciona con el tercer pilar voluntario: un sistema de ahorro previsional individual que complemente al régimen estatal y al colectivo.
En esa misma línea, consideramos que las compañías de seguros de vida y retiro podrían haber realizado un aporte valioso en la administración de los Fondos de Ahorro Laboral recientemente impulsados. La gestión de ahorro de largo plazo con fines previsionales y de protección constituye precisamente la especialidad de nuestra industria, bajo estrictos estándares de solvencia, supervisión y resguardo de los beneficiarios. Hacia adelante, sería positivo contemplar la participación del sector asegurador en este tipo de esquemas, ampliando las alternativas disponibles para trabajadores y empleadores.
Asimismo, entendemos que la evolución del mercado requerirá continuar avanzando en la modernización de los marcos regulatorios aplicables a las inversiones de largo plazo, procurando que acompañen las mejores prácticas internacionales en materia de solvencia, diversificación y gestión de riesgos. Esto permitiría potenciar el rol de los seguros de vida y retiro como vehículos de protección, ahorro e inversión para las familias argentinas. Para que el ahorro previsional complementario logre desarrollarse masivamente y la población se vea beneficiada gracias a ellos, es indispensable avanzar en la implementación de incentivos fiscales significativos, automáticos y eficaces. La actualización de incentivos fiscales para los seguros de vida y retiro sigue siendo una deuda relevante si aspiramos a masificar el acceso. En definitiva, la clave está en promover y mantener reglas estables y previsibles que permitan fortalecer la confianza en instrumentos de largo plazo, algo esencial para el desarrollo de los seguros de vida y retiro.”
Y sobre la situación de la actualización de los incentivos fiscales, Capuselli informó: “Si bien en los últimos años hubo avances parciales, entendemos que todavía existe margen para fortalecer esos incentivos, de manera que recuperen capacidad real de promoción y acompañen el nuevo contexto económico. Si bien se logró la actualización automática de las deducciones del impuesto a las ganancias, la incorporación de productos colectivos al régimen de estímulos sigue siendo una asignatura pendiente. La experiencia internacional demuestra que los incentivos fiscales cumplen un rol muy importante para fomentar la previsión individual y complementar los sistemas jubilatorios tradicionales. Por eso desde AVIRA presentamos a la SSN un nuevo proyecto de incentivos fiscales para incorporar en la reforma impositiva que se encuentra aún pendiente.”
Más adelante, Bettiol amplió la mirada desde el segmento de Riesgos del Trabajo: “El escenario de este año 2026 abre la puerta a una serie de novedades institucionales y jurisprudenciales clave para una solución estructural. En primer lugar, los lineamientos de modernización laboral traen herramientas concretas para revalidar el procedimiento administrativo y consolidar a las Comisiones Médicas como la instancia técnica previa oficial. Una de las reformas más importantes en este sentido es el establecimiento de reglas claras para las pericias, apuntando a desanclar de una vez por todas los honorarios de los peritos del resultado económico del juicio. A nivel provincial, el panorama empieza a ordenarse gracias al reciente fallo ‘Galarza’ de la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, que fijó la aplicación de la Tasa Activa sin capitalizar para la actualización de los créditos judiciales, poniendo un freno definitivo a la capitalización de interés y a las indexaciones desproporcionadas en la jurisdicción que concentra cerca del 39% del stock de juicios del país. Al mismo tiempo, provincias con números críticos como Santa Fe y Mendoza están poniendo en marcha y expandiendo, respectivamente, sus Cuerpos Médicos Forenses con peritos designados por concurso público. Finalmente, mientras que en Córdoba el desafío inmediato es consolidar el rumbo de sus fallos provinciales y completar la integración de su cuerpo médico, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el traspaso definitivo del fuero laboral nacional permitirá, por primera vez, diseñar reglas procesales locales para ordenar las prácticas judiciales en una jurisdicción donde hoy se litiga el 19% de los casos del país.”
«La creciente incorporación de tecnología, la digitalización de procesos y el uso de inteligencia artificial están impulsando mejoras en eficiencia y experiencia del cliente»
Alejandro Canale Becker, Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutuales de Seguros (AACMS)
«Estamos ante un caudal litigioso en el cual más del 88% de las demandas parte de un ‘sin incapacidad’ dictaminado por la Comisión Médica oficial»
Mara Bettiol, Presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART)
«El seguro de Personas atraviesa una etapa de oportunidades importantes, aunque todavía con desafíos estructurales por resolver»
Irene Capuselli, Presidente de la asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA)
El regulador
Sobre el rol de los organismos reguladores, Bettiol explicó: “Ambos organismos tienen un rol claro y definido en la Ley, conforme el cual llevan adelante sus tareas de regulación y fiscalización y control. La SRT reglamenta y controla todos aquellos aspectos vinculados con la prestación del servicio, ya sea en materia de prevención y prestaciones dinerarias y en especie, como así también tiene a su cargo las Comisiones Médicas. La SSN, por su parte, siendo el órgano rector del sistema asegurador en general, en el caso de riesgos del trabajo, reglamenta y controla todos los aspectos contables y financieros de las ARTs.”
Y sobre el rol y las facultades de la Superintendencia de Seguros actualmente, en lo relativo a productos y regulación para los seguros de personas, Capuselli sostuvo: “La Superintendencia cumple un rol central para garantizar solvencia, transparencia y confianza en el sistema asegurador, aspectos fundamentales especialmente en los seguros de personas, donde los compromisos suelen extenderse durante muchos años. En los últimos tiempos se observa una agenda orientada a la modernización y revisión de distintos aspectos regulatorios, acompañando la evolución tecnológica y los cambios en las demandas de los consumidores, iniciativas que desde la Cámara celebramos. En ese marco, entendemos que existe una oportunidad para continuar avanzando hacia regulaciones basadas cada vez más en principios de solvencia, gestión de riesgos y protección del asegurado, favoreciendo al mismo tiempo mayores grados de innovación y eficiencia. Los axiomas que Guillermo Plate reitera permanentemente y con los que acordamos son ‘más seguros es menos Estado’ y ‘más desregulación es mejor supervisión’. También creemos que la SSN debe jugar un rol activo a la hora de acompañar a las compañías en su lucha contra la industria del juicio que también castiga a los seguros de personas.”
Juicios en Riesgos del Trabajo
En otro momento de la charla, Bettiol se refirió al problema de la elevada litigiosidad judicial contra el sistema de Riesgos del Trabajo, y fue contundente: “La solución está en el Poder Judicial. Debido a que la raíz del problema es el no cumplimiento de una norma vigente desde 2017 y vuelta a revalidar con la última ley de modernización laboral. Es decir, no se encuentra ni en los entes gestores, ni en los organismos dependientes del PEN ni del Congreso. Cada cual cumplió con su rol. Ahora es momento de que el poder judicial cumpla con el rol que la ley y las respectivas adhesiones provinciales le asignaron. La oportunidad de corregir este colapso sistémico está en manos de las máximas autoridades judiciales de cada provincia y de los juzgados inferiores. Para desactivar esta problemática se requiere la convergencia de cuatro medidas fundamentales: primero, lograr que los tribunales inferiores acaten de forma uniforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para terminar con la dispersión jurisprudencial; segundo, consolidar la puesta en marcha de los Cuerpos Médicos Forenses provinciales para asegurar que todas las pericias médicas utilicen de manera obligatoria el Baremo legal y la Tabla de Evaluación de Incapacidades; tercero, modificar de raíz los incentivos económicos, desvinculando por completo los honorarios de los peritos del monto total de las condenas que ellos mismos dictaminan; cuarto, generalizar criterios de actualización financieros estables y razonables para neutralizar las sentencias desproporcionadas y devolverle la previsibilidad necesaria a trabajadores, empleadores y aseguradoras.”
Desregulación
Hoy por hoy, se habla mucho en el mercado sobre los efectos de una eventual desregulación del sector. El presidente Milei se ha referido a este punto en al menos dos disertaciones públicas ocurridas en las últimas semanas. Aun no se conoce con precisión el alcance de tal modificación normativa.
Sobre el particular, Canale Becker evaluó: “Creemos que una desregulación no implica necesariamente mayor concentración. El impacto dependerá del alcance de las medidas que se adopten y de la capacidad de adaptación de las distintas entidades. Más que centrarnos en el grado de concentración, entendemos que el objetivo debe ser contar con un mercado sólido, competitivo y sostenible, que ofrezca mejores soluciones para los asegurados. La competencia siempre es positiva y, en realidad, el mercado asegurador ya es muy competitivo. En este sentido, cuando hablamos de competencia nos referimos a las compañías de seguros que forman parte del sistema asegurador y desarrollan su actividad dentro de las mismas reglas de juego.”
¿Qué ocurre si las nuevas reglas de juego hacen más atractivo el mercado local para los operadores internacionales?
Canale Becker brindó su punto de vista al respecto: “En su momento también llegaron, años atrás, jugadores internacionales. Mientras cumplan con la legislación vigente y compitan lealmente y con las mismas reglas que las compañías nacionales; no deberían suponer inconvenientes. Obviamente en cada caso para que una nueva compañía opere en nuestro país, la Superintendencia deberá evaluar la conveniencia del mercado, su viabilidad y oportunidad de acuerdo a lo que exige el reglamento de la actividad aseguradora.”
Sobre la misma cuestión, Capuselli añadió: “Una economía más abierta puede generar mayor interés de jugadores internacionales en el mercado argentino lo que redundaría en un mayor dinamismo de la competencia, nuevos procesos de innovación y la ampliación de la oferta de productos y servicios disponibles para los asegurados. Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento en seguros de personas debido a la baja penetración relativa de estos instrumentos de protección y ahorro de largo plazo. En la medida que dicha apertura se acompañe de reglas claras que favorezcan estabilidad interna y se garanticen igualdad de condiciones de competencia entre compañías, el impacto podría ser positivo. Independientemente de lo anterior, Argentina ya cuenta con compañías y profesionales con gran experiencia técnica, especialistas en finanzas, con capacidad probada en la administración de inversiones de largo plazo y una gran capacidad de adaptación.”
Agrandar la torta
¿Existen condiciones macroeconómicas para incrementar la penetración del seguro en la economía?
Canale Becker fue optimista con cautela: “Sin dudas la penetración del seguro en nuestro país es baja. La brecha asegurativa, es decir el potencial asegurador del mercado, es alta en América latina, y por ende alta también en nuestro país. Creo que tenemos importantes oportunidades de crecimiento en los ramos que implican logística, transporte, seguro técnico, caución, vida y retiro fundamentalmente. La enorme litigiosidad es sin dudas un desafío mayúsculo sobre el que se deberá poner foco. Si el contexto macroeconómico logra consolidar mayores niveles de estabilidad, previsibilidad y crecimiento, es razonable esperar una mejora en la penetración del seguro dentro de la economía. La experiencia muestra que, cuando las personas y las empresas pueden planificar a más largo plazo, aumenta la demanda de herramientas de protección patrimonial, previsión y gestión de riesgos. Argentina aún presenta un amplio potencial de desarrollo en materia aseguradora, por lo que un entorno económico más estable podría contribuir a ampliar la cobertura y profundizar la cultura del seguro en distintos segmentos de la sociedad.”
Capuselli cerró el panorama con una advertencia estructural: “Sí, creemos que un contexto de mayor estabilidad macroeconómica puede favorecer significativamente la penetración del seguro en la economía. Los seguros de personas, y particularmente los vinculados al ahorro y retiro, requieren necesariamente horizontes de previsibilidad. Cuando la inflación es muy elevada o existe fuerte incertidumbre económica, las familias tienden a concentrarse en resolver necesidades inmediatas y se vuelve más difícil sostener decisiones financieras de largo plazo. Por el contrario, en escenarios de mayor estabilidad reaparece la posibilidad de planificar, ahorrar y proyectar objetivos futuros. Eso genera condiciones más favorables para productos de vida, retiro y ahorro, instrumentos que, recordemos, fomentan el ahorro interno y canalizan inversiones de largo plazo, contribuyendo al desarrollo económico y financiero del país. Sin embargo, para que esa mejora macroeconómica se traduzca plenamente en una mayor penetración del seguro, también será necesario revisar factores estructurales que encarecen las coberturas, entre ellos ciertos impuestos y tasas provinciales y municipales que en algunas jurisdicciones alcanzan niveles difíciles de compatibilizar con el desarrollo de una cultura de previsión y protección. Por eso, cuando mejora la estabilidad macroeconómica, no sólo crece la demanda de seguros: también aumenta la capacidad del sector para transformarse en un inversor institucional relevante que contribuya al financiamiento de proyectos productivos, infraestructura y al desarrollo del mercado de capitales.”
