La litigiosidad en Automotores sigue siendo uno de los mayores desafíos para el mercado asegurador

Cuatro referentes del área legal del mercado asegurador analizaron la evolución de la litigiosidad judicial, los cambios en los reclamos, el impacto económico sobre el sistema y los desafíos para mejorar la previsibilidad y reducir la conflictividad.

Escribe: Lic. Aníbal Cejas

La creciente judicialización en el ramo Automotores se mantiene entre las principales preocupaciones del mercado asegurador. El aumento de los costos, la incertidumbre sobre los criterios judiciales y el impacto sobre la rentabilidad y la solvencia del sistema forman parte de un escenario que las compañías siguen de cerca.
Para conocer cómo analizan este fenómeno desde el sector, Informe Operadores de Mercado consultó a Jorge L. Calvo Zarlenga, jefe del Departamento Jurídico de Rivadavia Seguros; Carlos Aranda, gerente de Legales de Triunfo Seguros; Sergio Colletti, jefe de Legales de Intégrity Seguros; y Martín Dondo, gerente de Legales de ATM Seguros.
A lo largo de la charla, los especialistas abordaron la evolución de la judicialización, las principales causas de los juicios, las estrategias de conciliación y los cambios regulatorios y judiciales que podrían contribuir a mejorar el funcionamiento del sistema.

Evolución de la litigiosidad judicial

La evolución de la litigiosidad judicial presenta matices según la experiencia de cada compañía. Mientras algunas aseguradoras advierten un crecimiento sostenido de los reclamos, otras destacan una mayor estabilidad o incluso una reducción de los procesos como resultado de políticas activas de conciliación y cierre de conflictos. Sin embargo, todas coinciden en señalar que el ramo Automotores continúa concentrando la mayor parte de la judicialización y representa uno de los principales desafíos para el mercado asegurador.
Jorge L. Calvo Zarlenga sostuvo: “Existe una tendencia de crecimiento sostenido en la litigiosidad judicial durante los últimos dos años. Este fenómeno tiene su epicentro en el ramo Automotores y Motovehículos, y se ve fuertemente influido por el fraude judicial, contra el que Rivadavia Seguros trabaja de manera constante y sostenida. Respecto a otros ramos, como Incendio, Hogar o Comercio, si bien la judicialización es proporcionalmente menor, observamos un leve incremento.”
Por su parte, Sergio Colletti explicó: “En los últimos diez años la masa de juicios en trámite de la Compañía viene disminuyendo debido a la política activa de cierres que mantiene INTEGRITY, no solo de juicios sino también de mediaciones y casos de lesiones y muertes extrajudiciales. La rama Moto ha comenzado una tendencia a asemejarse a automotores.” Asimismo, señaló que “los otros ramos patrimoniales presentan una frecuencia siniestral judicial muy baja en comparación con Automotores. Se da en casos donde se rechaza la cobertura o donde las sumas aseguradas son inferiores al daño real.”
En tanto, Carlos Aranda indicó: “La litigiosidad en Automotores creció en los últimos dos años tanto en cantidad de causas como en los montos reclamados, aunque de manera muy desigual entre ambas variables. Comparando los últimos 24 meses (agosto 2024-julio 2026) con los 24 meses previos (agosto 2022-julio 2024), podemos afirmar que la cantidad de causas aumentó un 20%. Otro dato importante para destacar es el aumento en las sumas reclamadas. Advertimos como muy probable que una parte relevante de ese salto nominal responda a la inflación del período. El importe demandado en Automotores creció un 42% en términos reales (es decir, sin tener en cuenta el factor inflacionario del período). En definitiva, la litigiosidad en Automotores sigue mostrando un crecimiento genuino, más marcado en la severidad de cada reclamo que en la cantidad de causas nuevas. El fenómeno se repite, incluso con más fuerza, en Motovehículos: un 33,4% en cantidad de causas y un 62,6% en importe real durante el mismo período.”
Finalmente, Martín Dondo afirmó: “Durante los últimos dos años observamos que la litigiosidad en Automotores se mantuvo en niveles elevados, aunque con una tendencia hacia cierta estabilidad. Es decir, no advertimos variaciones bruscas en la cantidad de procesos, pero sí la consolidación de un nivel de judicialización que continúa siendo significativo para el mercado.
El desafío no pasa solamente por la cantidad de juicios, sino por sostener esos niveles durante períodos prolongados. Esto impacta sobre las reservas, los resultados técnicos y, fundamentalmente, sobre la capacidad de las aseguradoras para proyectar con previsibilidad el costo futuro de los siniestros.
Por eso entendemos que la litigiosidad debe analizarse como una problemática del mercado en su conjunto. Un sistema asegurador saludable necesita mecanismos que permitan resolver los conflictos de manera eficiente, en tiempos razonables y con criterios que aporten mayor previsibilidad a todas las partes.
En otros ramos patrimoniales, como Hogar, Comercio o Incendio, la incidencia de la litigiosidad es considerablemente menor dentro de nuestra cartera, por lo que Automotores continúa concentrando la mayor atención en este aspecto”.

Tendencias
Los especialistas consultados coinciden en que la evolución de los planteos judiciales presenta nuevas particularidades que inciden en el desarrollo de los litigios. La actualización de las sumas aseguradas, los criterios para la aplicación de intereses y la incorporación de nuevos rubros indemnizatorios figuran entre los principales aspectos que hoy generan debate en los tribunales.
Sergio Colletti señaló: “Un cambio que ya viene desde hace unos años, pero ahora parece ser casi unánime a pesar de no tener un fallo de la CSJN, es sobre la actualización de la suma asegurada de RC automóviles a valores vigentes de la SSN. También el tema de la tasa de interés a aplicar sobre dicha actualización suele ser materia de controversia.”
En tanto, Carlos Aranda indicó: “Como sabemos, en materia de seguros, y particularmente en los planteos de responsabilidad civil referidos a seguros del automotor, los planteos judiciales habituales son los referidos a:”
“Advertimos que a los planteos habituales se suman reclamos como:
? La extensión del estatuto del consumidor al tercero damnificado. Buena parte de la doctrina y jurisprudencia sostienen que la víctima de un accidente de tránsito debe considerarse consumidor de seguros. Esto, indudablemente, abre una ‘oportunidad’ de planteo judicial.
? El daño psicológico como rubro autónomo, cada vez más separado de la incapacidad física, con peritajes propios.
? La pérdida de chance, sobre todo en incapacidades parciales que afectan expectativas (educativas, laborales) más que la capacidad actual.
? El uso de fórmulas actuariales (Vuoto, Méndez y variantes) para lucro cesante e incapacidad. Si bien no es algo nuevo, mueve el eje del litigio hacia qué fórmula y qué variables (edad, expectativa de vida, tasa de descuento) utilizar para hacer más alto el reclamo.”
Por su parte, Martín Dondo afirmó: “Uno de los cambios que observamos en los últimos dos años, particularmente en los juzgados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, está relacionado con los criterios utilizados para la actualización de los montos. Hemos visto una mayor aplicación de tasas cercanas al 8% anual, en lugar de la utilización de la tasa activa del Banco Nación que predominaba anteriormente.

Desde la perspectiva de la gestión legal, contar con criterios más estables contribuye a mejorar la previsibilidad. Sin embargo, continúa existiendo dispersión en la valoración de los distintos rubros indemnizatorios y eso sigue siendo uno de los principales desafíos.
Cuando resulta difícil estimar cuál puede ser el valor final de un siniestro judicializado, esa incertidumbre no queda limitada al expediente: también impacta en la constitución de reservas, la planificación financiera y los resultados de las compañías.
Frente a este escenario, en ATM desarrollamos junto con nuestro equipo de Sistemas una herramienta que nos permite analizar cada expediente considerando múltiples variables: características del siniestro, jurisdicción, fuero, juzgado interviniente y evolución del proceso, entre otras.
A medida que el expediente avanza, la herramienta permite actualizar la estimación de su posible impacto económico. Esto brinda al abogado responsable un marco más sólido para negociar y, al mismo tiempo, aporta información al área administrativa para mejorar la previsión de siniestros y la constitución de reservas técnicas.
Es un buen ejemplo de cómo estamos utilizando tecnología y datos para profesionalizar aún más la gestión de la litigiosidad.”
Finalmente, Jorge L. Calvo Zarlenga sostuvo: ” No observamos una variación en la matriz de los planteos que recibimos. Los rubros que se incorporan en las demandas se mantienen muy constantes hace ya varios años, y las tasas de interés, como consecuencia de la aplicación del fallo “Barrientos” de la CSJN, no arrojan mucho margen para la discusión, coyuntura que ha sido ya comprendida por los abogados litigantes.”
¿Cuál es la política de conciliación de la aseguradora?
La conciliación temprana aparece como una de las principales estrategias de las aseguradoras para reducir la litigiosidad y resolver los conflictos de manera eficiente. Si bien cada compañía aplica sus propias herramientas y procedimientos, todas coinciden en la importancia de privilegiar el diálogo y alcanzar acuerdos cuando existen condiciones razonables para hacerlo.
Carlos Aranda indicó: “Nuestra política de conciliación es proactiva. Buscamos conciliar siempre, con la firmeza y la convicción de que la conciliación de cada caso tenga como base y se respeten la razonabilidad, proporcionalidad y realidad del reclamo, evitando y combatiendo los fraudes, los reclamos sin pruebas suficientes y sin fundamentos legales y reales.
Nuestra postura es aprovechar las instancias prejudiciales (mediaciones/conciliaciones previas obligatorias) como las judiciales (audiencias preliminares/iniciales) establecidas por las distintas normativas jurisdiccionales, para poner en práctica nuestra decisión proactiva en materia conciliatoria. Estamos convencidos de que es la manera de bajar el costo que representa la litigiosidad.
Sin embargo, estamos también convencidos de que poder contar con criterios objetivos de valuación (como baremos, tablas de incapacidad, jurisprudencia unificada, peritos cuyos honorarios no se fijen a resultas del caso) y herramientas eficientes para detectar el fraude…”
Por su parte, Martín Dondo afirmó: “En ATM tenemos una política activa de negociación y conciliación. Nuestro objetivo es analizar cada caso en profundidad y procurar una resolución eficiente cuando existen las condiciones para alcanzar un acuerdo razonable para las partes.
Los resultados reflejan esta política. De acuerdo con la información pública de la Superintendencia de Seguros de la Nación, pasamos de una reserva de 3.682 actuaciones judiciales en marzo de 2025 a 3.078 en marzo de 2026. Esto representa una reducción del 16% en la cantidad de juicios activos. El dato adquiere mayor relevancia si consideramos que, durante ese mismo período, nuestra cartera de pólizas vigentes creció un 18%.
Pudimos así cerrar el período con más expedientes conciliados que nuevos juicios recibidos. Para nosotros es un indicador muy concreto de la estrategia que venimos desarrollando.
Detrás de este resultado hay un trabajo coordinado del equipo de Legales y de distintas áreas de la compañía, junto con una planificación presupuestaria que permitió sostener un volumen importante de acuerdos y pagos.
Nuestra mirada es clara: siempre que sea posible alcanzar una solución adecuada, una conciliación eficiente puede ser beneficiosa para todas las partes y, además, contribuye a reducir la incertidumbre asociada a procesos judiciales prolongados.”
En tanto, Jorge L. Calvo Zarlenga sostuvo: “Nuestra política es eminentemente proactiva y conciliatoria. Desde la etapa del reclamo administrativo procuramos indemnizar los daños de manera ágil. Esta postura se refuerza durante la instancia de mediación en aquellas jurisdicciones donde es obligatoria. Incluso, una vez judicializado el reclamo, mantenemos abiertos los canales de diálogo para lograr acuerdos que satisfagan los intereses de las partes.
Para Rivadavia reducir la litigiosidad judicial no es solo un objetivo financiero para proteger la solvencia del sistema, sino un compromiso con brindar una respuesta rápida y justa a los terceros y asegurados.”
Finalmente, Sergio Colletti planteó: “Transaccionalidad temprana: priorización de acuerdos directos en la etapa prejudicial (mediación obligatoria o extrajudicial) mediante valuaciones objetivas basadas en baremos oficiales y parámetros técnicos.
Segmentación de cartera en juicio: identificación rápida de demandas con responsabilidad clara para conciliar en las primeras etapas procesales, evitando el devengamiento prolongado de intereses y honorarios.”

«La litigiosidad en Automotores sigue mostrando un crecimiento genuino, más marcado en la severidad de cada reclamo que en la cantidad de causas nuevas»

Carlos Aranda, Gerente de Legales de Triunfo Seguros

El principal motivo de litigio

Si bien las causas que originan los juicios pueden variar según la cartera de cada aseguradora y la jurisdicción, los entrevistados coincidieron en que los siniestros vinculados a lesiones personales continúan siendo el principal motivo de litigio. También señalaron que existen diversos factores que favorecen la judicialización y enumeraron los conceptos indemnizatorios que con mayor frecuencia forman parte de los reclamos.
Martín Dondo explicó: “Por las características de nuestra cartera, fuertemente vinculada a Automotores y con una presencia importante en grandes centros urbanos, una parte significativa de los procesos está relacionada con siniestros de tránsito que involucran daños materiales y, en algunos casos, lesiones de menor gravedad.
Los reclamos contractuales de nuestros propios asegurados tienen una incidencia muy baja dentro de nuestra cartera judicial. Entendemos que esto también guarda relación con una política orientada a acompañar al asegurado y resolver tempranamente aquellas situaciones que pueden encontrar una solución antes de llegar a una instancia judicial.
Naturalmente, cada siniestro tiene sus particularidades y debe analizarse individualmente, pero nuestra experiencia muestra que una gestión temprana, cercana y profesional del conflicto es una herramienta importante para evitar judicializaciones innecesarias.”
A continuación, Jorge L. Calvo Zarlenga sostuvo: “Las causas generadoras de juicios son multifactoriales. Por un lado, tenemos el crecimiento del parque automotor, con una fuerte inserción de motovehículos. A la alta siniestralidad vial se suma el flagelo del fraude. Vemos verdaderas organizaciones dedicadas a captar reclamantes, tanto por siniestros reales como fraguados, que esquivan el canal administrativo o usan la mediación como un mero formalismo sin ánimo de acordar.
A esto se suma un sistema pericial judicial distorsivo, donde se otorgan elevados porcentajes de incapacidad ante lesiones mínimas o inexistentes, impulsados por un esquema en el que los honorarios de los peritos están atados al resultado económico del juicio.
Los conceptos reclamados con mayor habitualidad suelen ser: incapacidad física, daño moral, valor vida e incapacidad psicológica o psíquica.”
Por su parte, Sergio Colletti indicó: “Depende del ramo, pero lesiones sigue siendo la principal causa de litigios. Los reclamos suelen encuadrar en incapacidad sobreviniente (física y psíquica), daño moral, gastos médicos, lucro cesante y privación de uso.”
Finalmente, Carlos Aranda afirmó: “Para precisar las principales causas de los juicios quizás debamos analizar cada jurisdicción en particular, pero sin duda podemos afirmar que entre ellas existen causas comunes tales como:
? Inflación general.
? Cambio de la tasa de interés aplicable: la aplicación de tasas gravosas (tasas libres/UVA) multiplica el capital de condena en la etapa de liquidación.
? Actualización de las variables base de las fórmulas (salarios, RIPTE).
? Adopción de fórmulas matemáticas.
? Honorarios basados en porcentajes del monto de condena.
? Una mala política en materia de liquidación administrativa de siniestros.
? Una actitud pasiva ante los reclamos extrajudiciales de terceros.
Quizás podemos preguntarnos y dejar para un debate más profundo si la jurisprudencia colabora también en el aumento de la litigiosidad. Mi lectura y mi experiencia me ubican entre quienes consideran que sí, y por un mecanismo bastante concreto, no por jueces permisivos en abstracto.
? La dispersión de criterios entre jurisdicciones.
? La consolidación de fórmulas matemáticas (para daño punitivo y para incapacidad) reduce la incertidumbre del resultado. Eso baja el riesgo procesal para el actor y, cuanto más previsible es el cálculo, mayor es la propensión a litigar.
? El giro hacia tasas de interés más altas (activa, UVA) para preservar el valor real de la condena cambia los incentivos temporales: antes, demorar el juicio licuaba la deuda de
? la aseguradora; ahora, con estos criterios, el tiempo juega a favor del actor. Eso reduce el incentivo de resolver rápido por conciliación y aumenta el incentivo de litigar hasta el final.
? La extensión del régimen de consumo al contrato de seguro (y la discusión abierta sobre si alcanza también al tercero) habilita rubros y vías procesales que antes no existían; mecánicamente, más causas de acción disponibles significan más litigiosidad posible.
? Los porcentajes de incapacidades otorgados por peritos cuyo honorario se encuentra atado al resultado de la condena.
No obstante lo manifestado, y con absoluta honestidad, también debemos reconocer que la jurisprudencia agrava en algunos casos, pero en otros morigera al mismo tiempo, cuando sus fallos son coherentes con la Ley de Seguros y cuando actúan con conocimiento en la materia. El resultado neto depende de qué línea predomine en cada jurisdicción, que es exactamente el problema de fondo: la falta de una doctrina uniforme a nivel nacional en varios de estos temas.
Entre los conceptos que se reclaman con mayor frecuencia podemos destacar:
? Incapacidad sobreviniente (física y psicológica), el más frecuente y el de mayor peso económico.
? Daño material.
? Daño emergente: gastos médicos, farmacia, tratamientos, prótesis y traslados.
? Lucro cesante: ingresos dejados de percibir durante la incapacidad temporaria o permanente.
? Daño moral.
? Gastos de asistencia de terceros (cuidado y acompañamiento).
? Privación de uso del propio vehículo, si el tercero es propietario de un rodado dañado.
? Valor vida y gastos de sepelio, en siniestros fatales.

El costo de los juicios
Los cuatro especialistas coincidieron en que el crecimiento de la judicialización representa uno de los principales desafíos para el mercado asegurador. El aumento de los costos derivados de los procesos judiciales, la incertidumbre sobre los montos de las condenas y la dificultad para proyectar el costo futuro de los siniestros impactan directamente sobre la rentabilidad de las compañías y generan presión sobre las reservas técnicas y la solvencia de las aseguradoras.
Jorge L. Calvo Zarlenga sostuvo: “La alta judicialización atenta directamente contra el principio de mutualidad que rige en la actividad aseguradora. Al incrementarse desproporcionadamente los costos del sistema (gastos causídicos, honorarios, peritajes, tasas de interés), el impacto recae inevitablemente sobre la comunidad de asegurados.
Si bien desde Rivadavia Seguros realizamos esfuerzos constantes para administrar eficientemente las inversiones y proteger el capital, el aumento sostenido de la siniestralidad judicializada empuja, a la larga, a un traslado de estos costos adicionales a las primas. En definitiva, el fraude y ‘la industria del juicio’ terminan siendo absorbidos por el asegurado responsable.”
A continuación, Sergio Colletti comentó: “La extensión de los plazos judiciales (que en jurisdicciones como CABA/AMBA promedian los cinco años) genera un desfasaje estructural entre la prima percibida y el costo final de liquidación del siniestro. A su vez, la imprevisibilidad sobre los montos que otorgan los juzgados, así como la tasa de interés que aplican al momento de dictar sentencia, dificulta la correcta estimación de los pasivos.”
Por su parte, Carlos Aranda afirmó: “La judicialización es hoy el mayor problema que ataca la rentabilidad del sistema; el aumento de los montos de cada demanda que mencionamos al iniciar esta conversación es una muestra de ello. Si bien la litigiosidad ha crecido, es aún mayor el crecimiento de los montos que se demandan.
Ese desacople entre volumen de litigios y magnitud de los reclamos es, en sí mismo, el mecanismo por el cual la judicialización erosiona la rentabilidad: no son solamente más juicios, sino juicios cada vez más caros.
La solvencia, por supuesto, se ve afectada por esa presión sobre las reservas técnicas, pero es claro que la solvencia de cada compañía está sostenida por otros factores más relevantes: capital mínimo regulatorio, política de reaseguro y composición de inversiones, que amortiguan el impacto de la litigiosidad sobre el balance general, aunque no sobre el resultado técnico.”
Finalmente, Martín Dondo explicó: “La elevada judicialización tiene un impacto directo sobre la previsibilidad económica de las aseguradoras. No se trata únicamente del monto de una sentencia: también intervienen los tiempos judiciales, los mecanismos de actualización, los intereses, los honorarios y los distintos costos asociados al proceso.
Cuando esos factores presentan una alta dispersión, se vuelve más complejo estimar adecuadamente el costo futuro de los siniestros y constituir las reservas correspondientes. En un mercado que ya opera con márgenes técnicos exigentes, esa incertidumbre termina afectando la rentabilidad y genera presión sobre la solvencia del sistema.
Precisamente por eso en ATM adoptamos una posición proactiva frente a la litigiosidad. Trabajamos sobre la información, la estimación temprana del riesgo y la conciliación cuando corresponde, buscando resolver los conflictos de manera eficiente y reducir la exposición a resultados judiciales difíciles de proyectar.
La previsibilidad es fundamental para una aseguradora: permite administrar mejor los recursos y, sobre todo, garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos con los asegurados.

«Durante los últimos dos años observamos que la litigiosidad en Automotores se mantuvo en niveles elevados, aunque con una tendencia hacia cierta estabilidad»

Martín Dondo, Gerente de Legales de ATM Seguros

Doctrina previsible

Los especialistas coincidieron en que la evolución de la litigiosidad también depende de los criterios regulatorios y judiciales que se adopten en los próximos años. Mientras algunos destacaron la importancia de contar con una doctrina más uniforme y criterios previsibles, otros remarcaron la necesidad de impulsar reformas que otorguen mayor transparencia y eficiencia al sistema.
Por su parte, Sergio Colletti precisó: “Se puede mencionar como factores de alivio la doctrina de la CSJN y TSJ (precedente ‘Barrientos’). La ratificación por parte de la Corte Suprema y tribunales superiores provinciales/locales frena la ‘doble actualización’. Si la condena se fija a valores actuales al momento de la sentencia, corresponde aplicar una tasa de interés pura (en torno al 6% – 8% anual) desde el hecho hasta la cuantificación, imponiendo la tasa activa únicamente desde la sentencia hasta el pago.
En cuanto a factores de agravamiento, se puede mencionar la discrecionalidad en juzgados de primera instancia y cámaras por fallos que aplican esquemas de capitalización de intereses no justificados.”
A continuación, Carlos Aranda afirmó: “Entiendo que son los cambios judiciales los que colaboran con agravar o aliviar el fenómeno de la litigiosidad.
En muchos casos alivian —aunque prefiero utilizar el término ‘morigeran’— los efectos de la litigiosidad. Por ejemplo, el tratamiento del artículo 730 del Código Civil y Comercial es un buen ejemplo de ambos efectos conviviendo: donde se aplica literalmente colabora; donde se lo declara inconstitucional en el caso concreto, agrava. Podemos también mencionar la postura sobre las exclusiones, los fallos sobre alcoholemia, culpa grave, falta de carnet o carnet vencido.
Estos y otros puntos han variado con el tiempo y, sin duda, han agravado o aliviado, según lo definido, la litigiosidad.
En definitiva, alguien se anima a reclamar ante las autoridades cuando advierte que podrá tener éxito en su reclamo, aun cuando existan elementos que la sana crítica no le permitiría aventurar jurídicamente. Muchas veces, la falta de una doctrina uniforme entre jurisdicciones, sin que la Corte Suprema haya zanjado la cuestión de fondo, alimenta exactamente ese cálculo de expectativas a nivel nacional.”
Por su parte, Martín Dondo sostuvo: “En el corto plazo no advertimos cambios regulatorios o judiciales que, por sí solos, permitan modificar sustancialmente la situación actual.
Por eso creemos que es necesario continuar trabajando como mercado en mecanismos que aporten mayor previsibilidad y eficiencia a la resolución de conflictos.
Hoy las aseguradoras operamos en un contexto exigente, atravesado por una siniestralidad relevante, márgenes técnicos ajustados, un nivel elevado de judicialización y dificultades para proyectar con precisión el costo final de los siniestros.
El desafío hacia adelante es generar condiciones que permitan compatibilizar adecuadamente la protección de los derechos de asegurados y terceros con la sustentabilidad del sistema.
Un mercado asegurador sólido necesita compañías solventes, reglas previsibles y mecanismos eficientes de resolución de conflictos. Avanzar en esa dirección no beneficia solamente a las aseguradoras: fortalece al sistema y, en definitiva, mejora la capacidad de respuesta frente a los asegurados.”
Finalmente, Jorge L. Calvo Zarlenga expresó: “Existen herramientas que podrían aliviar drásticamente este panorama. Así como se han implementado modificaciones a nivel nacional, por ejemplo, topes o regulaciones más claras en materia de honorarios, es imperioso que las jurisdicciones garanticen procesos transparentes.
La principal medida sería la creación de Asesorías Periciales o Cuerpos Médicos Forenses estables, cuyos ingresos no dependan del monto de la condena, garantizando su total imparcialidad y la aplicación de baremos uniformes.
Desde lo judicial, el involucramiento directo de los jueces marca la diferencia: aquellos magistrados que dirigen el proceso, toman audiencias, interrogan a los testigos y exigen explicaciones fundadas a los peritos logran desincentivar las aventuras judiciales y dictar sentencias mucho más justas.”