El modelo de colaboración público-privada que la industria aseguradora necesita

Más de 130 especialistas, CEOs y autoridades del sector se reunieron en una jornada convocada por ADEAA y el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires para dar el primer paso de una alianza concreta contra el delito que daña a los asegurados.

El fraude al seguro dejó de ser un problema que cada compañía enfrenta sola. La cooperación en esta materia es fundamental. Por ello, la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) y el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires (MPBA) pusieron en escena algo que hacía falta desde hace mucho tiempo: un espacio formal, institucional y concreto de trabajo conjunto entre la industria aseguradora y la Justicia. La convocatoria superó expectativas: más de 130 especialistas en fraude, liquidación de siniestros, siniestros complejos, CEOs de compañías líderes y autoridades de cámaras colmaron la sala. También estuvo presente toda la prensa aseguradora, además de cronistas judiciales y medios generalistas.
La jornada, titulada “Fraude al Seguro: Aspectos de Fondo y Forma”, es la primera actividad pública que surge del acuerdo de cooperación que ADEAA y el MPBA firmaron en marzo de 2026. En el estrado, las figuras que marcaron el tono del encuentro: el Dr. Aldo Álvarez, presidente de ADEAA; el Dr. Julio Conte Grand, Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires; el Dr. Guillermo Plate, Superintendente de Seguros de la Nación; y tres especialistas del Ministerio Público: el Dr. Francisco Pont Vergés, Secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal; el Dr. Juan Manuel García Blanco, Director General de la Policía Judicial; y el Dr. Claudio Oviedo, Agente Fiscal del MPBA.
Los números que abrieron el debate pusieron la magnitud del problema en perspectiva. El Superintendente Plate recurrió a datos de la NAIC —Asociación Nacional de Comisionados de Seguros de los Estados Unidos— para ilustrar la escala global del fenómeno: “El fraude al seguro en Estados Unidos es el segundo delito más común después de la evasión fiscal y el segundo más rentable, luego del tráfico de drogas. Entre el 3% y el 10% de los reclamos en EE.UU. son fraudulentos y el monto alcanzado es de entre 80 y 100 billones de dólares”. La referencia internacional no fue casual: el propósito era evidenciar que lo que ocurre en Argentina no es una anomalía local, sino la expresión regional de un problema de alcance mundial.

Dr. Aldo Álvarez, Presidente de ADEAA, Dr Julio Conte Grand, Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la PBA y Dr. Guillermo Plate, Superintendente de Seguros de la Nación.

Álvarez fue el encargado de anclar ese diagnóstico global en la realidad argentina. Explicó que la provincia de Buenos Aires concentra el mayor volumen de fraudes del país y que, precisamente por eso, el acuerdo con el MPBA tiene un potencial de impacto sistémico que excede a las partes firmantes. La apuesta central de ADEAA es transferir conocimiento: la asociación desarrolló seis módulos de formación sobre el negocio asegurador —sus alcances, sus contratos, sus lógicas internas— que se incorporarán al Campus Virtual del Centro de Capacitación de la Procuración General. La idea es que los fiscales lleguen a cada investigación con el bagaje técnico necesario para entender qué están mirando. Álvarez convocó a toda la industria a sumarse, con una visión de largo plazo: construir una justicia especializada en delitos contra el sector.
“El 19 de marzo firmamos con el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires tres acuerdos: un convenio específico de capacitación, un marco de colaboración y un convenio de cooperación tecnológica, en cuyo marco estamos realizando esta actividad hoy. Vamos a recibir de primera mano, del equipo de fiscales que acompaña al doctor Conte Grand, mucha información y conocimiento sobre la dinámica de un sistema que les otorga a los fiscales un protagonismo muy importante en las investigaciones penales. La provincia de Buenos Aires, con su enorme extensión y sus distintas realidades económicas, es la más vasta del país. Por eso, los seis módulos de formación que desarrollamos sobre el negocio asegurador —sus alcances, sus contratos, sus lógicas internas— se incorporarán al campus de capacitación virtual que los fiscales tienen en la provincia”, explicó Álvarez.
Conte Grand respaldó ese diagnóstico desde la vereda judicial. Subrayó la necesidad de que los fiscales se especialicen en áreas cada vez más complejas, y señaló que el derecho del seguro es, precisamente, una de ellas. Valoró la nutrida presencia en la jornada como señal del interés real del mercado por encontrar soluciones, y puso el foco en un punto que recorre toda la discusión: el fraude no es solo una pérdida para las compañías, sino un costo que termina recayendo sobre los asegurados en forma de primas más altas.
Conte Grand puso en perspectiva la trascendencia de la actividad aseguradora antes de detallar los acuerdos alcanzados: “Las compañías de seguro están presentes en los momentos en los que la gente más necesita atención y acompañamiento. De eso se trata. Por eso venimos desde el Ministerio Público a unir objetivos que son, en esencia, los mismos: generar mejores condiciones de vida para nuestra sociedad”. El Procurador repasó luego el marco institucional construido en los últimos años: los convenios firmados con la Superintendencia de Seguros en noviembre de 2022 y los tres nuevos acuerdos celebrados con ADEAA el 19 de marzo de 2026. “Este año 2026 hemos establecido como eje conceptual la fuerza transformadora del conocimiento, en la convicción de que la obtención de conocimiento de manera individual y, sobre todo, colectiva es la manera en que podemos transformar a la sociedad y generar mejores condiciones para la vida de nuestra gente”, concluyó.

«Las compañías de seguro están presentes en los momentos en los que la gente más necesita atención y acompañamiento. De eso se trata»

Dr Julio Conte Grand, Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la PBA

El Superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, completó el cuadro con una mirada regulatoria. Explicó la relación íntima entre el contrato de seguro y la solvencia de las aseguradoras y encuadró el fraude como una amenaza directa a esa solvencia y, por tanto, de interés público. Anunció además que ese mismo viernes se firmaría un acuerdo con la Junta Federal de Cortes para que los juzgados puedan acceder de forma completamente digital a información de la Superintendencia —patente del vehículo, compañía aseguradora y situación de la póliza—, eliminando los tiempos muertos que hoy genera el intercambio de mandamientos en papel.
“No hay contrato de seguro sin solvencia, porque este contrato tiene una particularidad que es una promesa futura. Esa promesa —pagar una prima por una póliza ante un evento indemnizable— solamente es válida si hay solvencia. Y todo lo que afecta a la solvencia es de nuestro interés. El fraude, mirado globalmente, afecta a las compañías y afecta al asegurado, porque eventualmente encarece el monto de la prima. En la Superintendencia tenemos mucha información que vamos a empezar a compartir con las compañías de seguros. Empezamos a utilizar esa información con ingenio y vamos a ponerla a disposición del sector para combatir el fraude. Este viernes firmamos un acuerdo con la Junta Federal de Cortes para que los juzgados puedan acceder directamente, de forma completamente digital, a información de la Superintendencia en cuestiones básicas pero muy importantes, como la patente del vehículo, la compañía aseguradora y la situación de la póliza. Así vamos a ahorrar el tiempo que hoy se pierde en transferir un mandamiento que alguien en la Superintendencia tiene que contestar”, detalló Plate.

Dr. Juan Manuel García Blanco, Director General de la Policía Judicia; Dr. Francisco Pont Vergés, Secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal y el Dr. Claudio Oviedo, Agente Fiscal del MPBA.

Las investigaciones
Los tres fiscales especializados que cerraron el panel aportaron la dimensión más concreta del encuentro: casos reales, investigaciones en curso, aprendizajes de campo. Pont Vergés fue directo sobre el principal obstáculo que enfrenta la Justicia al investigar estos delitos:
“Podríamos tener fiscales especializados en toda la provincia de Buenos Aires, pero es difícil. Sin embargo, estamos yendo hacia eso: capacitar a nuestra gente para que pueda atender estos delitos, que no son fáciles de investigar porque presupone que nuestros fiscales y los funcionarios que trabajan en colaboración conozcan bien el mercado y las dinámicas del contrato de seguro. No podemos pretender que los fiscales conozcan mejor que ustedes la temática que les compete. Es ahí donde buscamos una política de puertas abiertas: ayúdennos a ayudarlos. Vengan a la fiscalía y colaboren en la investigación. No hagan simplemente una denuncia y se desvinculen. Si se ponen a pensar, ustedes son nuestro principal proveedor de información, el insumo necesario para llevar adelante las investigaciones”, planteó Pont Vergés.
García Blanco ilustró las dificultades y también las posibilidades con el relato de una mega investigación en curso que involucra 900 siniestros presentados por una organización delictiva que había detectado una falla en la redacción de contratos de seguros colectivos de incapacidad total, permanente e irreversible:
“Lo primero que le dijimos a la fiscal fue: miremos esto como lo que es. Para los criminales es un negocio. Entonces tenemos que enfocar la investigación pensándolo así. Lo primero fue estudiar los contratos y entender qué decían. Cuando nos pusimos a investigar el estudio jurídico que concentraba las 900 demandas ante juzgados comerciales, nos encontramos con que era lo único a lo que se dedicaba: toda una organización que, analizando los contratos, había encontrado una falla en su redacción. El contrato hablaba de incapacidades sin vincularlas a la actividad laboral y, además, permitía reclamar el pago hasta dos años después del retiro. Muchas veces los empleados públicos no saben que tienen contratados seguros colectivos: ven descuentos en sus recibos de sueldo pero no tienen claro en qué consisten. La organización armó un grupo de reclutadores por toda la provincia que visitaba a personas recién jubiladas para hacerles saber que podían reclamar. Nosotros también trabajamos con contadores que hicieron investigaciones patrimoniales y siguieron rutas de dinero. Ahí es donde entra el vínculo que tiene que darse entre el sector público y el privado: buscar eficiencia, efectividad y lograr que quienes realizan este tipo de maniobras delictivas sean perseguidos y sancionados”, relató García Blanco.
Por su parte, Oviedo detalló otra causa de envergadura: el MPBA logró identificar a 130 personas vinculadas a maniobras fraudulentas contra tres aseguradoras a partir de 80 siniestros, de las cuales 100 están imputadas y 26 procesadas por asociación ilícita:

“Nos hemos encontrado con lo que creo es un denominador común en los fraudes: la falsificación de certificados, la falsificación de poderes, el uso de documentación falsa y la apropiación de datos de personas que tuvieron un siniestro y los dejaron en un taller mecánico o consultaron en un estudio jurídico. Esos datos no fueron utilizados para el caso concreto, sino tomados para luego crear casos fraudulentos. Con estas tres columnas —documentación falsa, ausencia de intervención policial y ausencia de asistencia médica de urgencia— se pone en marcha una maquinaria de delitos que repite siempre el mismo patrón. Lo que es fundamental es construir mecanismos de control y entrecruzamiento de datos. Muchas veces, solo analizando la información disponible en la propia carpeta del siniestro se puede ver que el domicilio del damnificado, el lugar donde ocurrió el hecho y el lugar de asistencia médica no tienen ninguna relación geográfica. El peor error que podemos cometer —las fuerzas de la ley por un lado o las víctimas por otro— es atomizar una investigación, llevar todas las carpetas por separado sin identificar un patrón común. Ese dato —la repetición de testigos, denunciantes, abogados y médicos— lo tiene cada compañía. Los invito a ir hacia lo menor para luego ir hacia lo mayor. Nosotros hemos logrado, en esta primera etapa, identificar 130 personas, de las cuales 100 están imputadas y 26 procesadas, y reconstruir 58 materialidades ilícitas con uso de documentos falsos”, detalló Oviedo.
Al cierre, Álvarez subrayó el valor estratégico de la alianza y sintetizó el espíritu de la jornada: una iniciativa con efecto disuasivo y persecutorio, pero también un espacio de intercambio, confianza mutua y puesta en común de recursos. “La acción encarada cuenta con un claro aval de respaldo institucional por parte del MPBA y la Superintendencia de Seguros. Nos han explicado cuál es el problema que enfrentan y para dónde tenemos que ir juntos para resolverlo. Aprovechemos esta instancia que derramará beneficios para todo el sistema asegurador”, concluyó.